La economía española está en recesión. Los datos del tercer trimestre de 2008 así lo atestiguan: el PIB se contrajo un 1% en términos intertrimestrales anualizados y los indicadores de que disponemos para el cuarto -producción industrial, paro registrado, recaudación- apuntan a una aceleración del proceso recesivo.
Los indicadores de confianza son aún más negativos. Ni en la crisis de principios de los noventa se produjo un deterioro tan rápido e intenso.
El súbito empeoramiento de la coyuntura internacional, fruto del afloramiento de las tensiones financieras latentes, ha evidenciado la debilidad del crecimiento español y la equivocada gestión de un cambio de ciclo perfectamente previsible. España tenía y tiene una crisis propia, así lo venía indicando el indicador sintético de actividad del Ministerio de Economía y Hacienda desde mediados de 2007.
Crisis de competividad
Una crisis de competitividad, ¿qué es si no un déficit exterior que ha llegado a superar el 10% del PIB?, y el agotamiento de un ciclo alcista que se fundamentaba en la entrada en la Unión Monetaria y que ha podido prolongarse gracias a la consolidación fiscal y la magnitud del fenómeno inmigratorio. Pero un crecimiento basado en el consumo a crédito y en la construcción no podía ser indefinido.
No se aprovechó la fase de auge para realizar reformas estructurales que mejorasen la productividad total de los factores. No aumentó la eficiencia de la economía española, sino que el descontrolado proceso autonómico ha elevado los costes de transacción de las empresas y erosionado la unidad de mercado.
Al estar transferido a las comunidades autónomas la mayor parte del gasto público, el margen fiscal del Gobierno central para hacer política de estabilización es muy escaso. Por eso, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está en Madrid como José Manuel Durao Barroso en Bruselas: tiene que diseñar un plan de estímulo fiscal para ser ejecutado con el dinero de otros.
Tampoco se utilizaron la bonanza y el superávit cíclico para financiar profundas reformas laborales, en pensiones o educación que ayudasen a transformar una economía con problemas crónicos de productividad. Se prefirió mantener el sueño de prosperidad y apurar el crecimiento y el empleo espoleando la construcción y la inmigración.
El resultado es que el cambio de ciclo ha ocasionado un repunte sin igual en la tasa de paro española, de más de tres puntos (está ya en el 11,3 %) y se doblará sin duda antes de que flexione a la baja. Se confió en la solidez de las cuentas públicas y se alardeó de un superávit que ha resultado meramente cíclico, producto de la extraordinaria recaudación fiscal vinculada a la construcción, la fortaleza del consumo y los elevados precios del petróleo.
La única buena noticia
No es una figura retórica, los recursos no financieros del Estado estaban creciendo a tasas superiores al 12 % en el último trimestre de 2007 y caían a tasas del 15 % en octubre de 2008. Mientras, los empleos no financieros -el gasto público, para entendernos- estaban aumentando a tasas del 6 % y lo hacen ahora cerca del 9 %.
Podría ser positivo si se tratase de inversión pública productiva, pero no es el caso. El ritmo de ejecución de la obra pública ha descendido el 33 % y la mayor parte del gasto son decisiones discrecionales de la Administración diseñadas con fines electorales en una época en la que, por miopía de sus responsables, seguían pensando que las arcas públicas estaban llenas.
El único dato positivo reciente, ha provenido de la inflación, que se ha recortado en casi tres puntos respecto a las tasas veraniegas: desde el 5,3 % de julio hasta el 2,4 % adelantado de noviembre. Es cierto que la mayor parte de la caída es puro efecto escala del precio del petróleo, pero también lo es que el momento es idóneo para quitar presión a la negociación colectiva y a las finanzas públicas al coincidir con el reajuste de las pensiones.
La desaceleración en el crecimiento de los costes laborales unitarios será notoria, pero también en nuestros socios comerciales, por lo que la mejora inducida en la competitividad será escasa.
El análisis de la coyuntura actual desde la óptica de la oferta sectorial no depara sorpresas. El descenso en la construcción es espectacular, un 10,9 % en tasa Inter trimestral anualizada, mientras que la industria manufacturera se contrajo el 1,3 % en el tercer trimestre.
El desplome del índice de producción industrial (-8,8 % en septiembre) y la caída en los afiliados a la Seguridad Social (-4,4 % en octubre) apuntaban a un resultado peor. Es previsible que la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre refleje una contracción mayor que, añadida al impacto de las dificultades de acceso al crédito, se traduzca en una caída sin precedentes de la actividad industrial.
Previsiones necesarias
Las previsiones para la economía española se enmarcan en un contexto de continuas revisiones a la baja tanto de analistas españoles como extranjeros, de forma que casi siempre la última estimación sobre 2009 es la peor. Lamentablemente, las previsiones oficiales del Gobierno no son ninguna guía para analistas y agentes económicos, pues mantiene el cuadro macro de los Presupuestos presentados en julio, a pesar de haber reconocido que está obsoleto.
No obstante, la incertidumbre reinante no puede ser ninguna excusa para no hacer previsiones. Al contrario, en un contexto tan incierto es aun más necesario que el Gobierno arroje alguna luz a la que los agentes privados puedan atenerse. No se entiende si no para qué existen amplios y bien dotados prestigiosos servicios de estudios en Economía, Hacienda, Banco de España y Presidencia del Gobierno.
El contexto internacional es ciertamente incierto, pero hay algunas evidencias notables en las que enmarcar la evolución de la economía española.
¿Cómo evoliucionará?
La primera, que 2009 será un año de recesión generalizada en las mayores economías desarrolladas y de profunda desaceleración en las grandes economías emergentes.
La segunda, que el comercio internacional tras años de fuerte crecimiento se va a retraer significativamente, en precios y en volumen, incluso si no se materializan algunas amenazas proteccionistas.
La tercera, que el precio del petróleo no puede repuntar gran cosa en este contexto; parece pues razonable prever que el barril de crudo Brent se situará en el entorno de los 50-60 dólares mientras la actividad económica internacional no se recupere.
La cuarta, que los tipos de intervención de los bancos centrales seguirán en niveles compatibles con una fuerte expansión monetaria; aunque eso no significa que las condiciones de acceso al crédito mejoren para empresas y particulares, porque el crecimiento del crédito del sistema seguirá constreñido a niveles de entre el 6 y el 8 % frente a tasas del 12-15 % en los últimos años.
La quinta, que continuarán las tensiones en el sistema financiero producto de los problemas de solvencia en algunas entidades, de liquidez en muchas y, sobre todo, de la reestructuración necesaria en el sector para ajustar el tamaño de la oferta a la demanda previsible.
Más problemas
Algunos sistemas financieros como el español, que han escapado razonablemente bien a la primera oleada de problemas, sean precisamente los más afectados por la segunda, en la medida en que su exposición al desempleo y al reajuste inmobiliario aumentarán necesariamente la morosidad, y dado que la contracción de crédito afectará al modelo de negocio y posibilidades de competencia.
Como reconocen ya autoridades oficiales, es probable que en 2009 se produzcan fusiones en entidades financieras, adquisiciones e incluso alguna intervención. En la medida en que estos movimientos afecten a las cajas de ahorros se producirá, sin duda, una considerable convulsión política.
En estas condiciones, y con información limitada sobre los planes gubernamentales de estímulo, se estima que el PIB español se contraería un 1,6 % en 2009. La caída en la demanda nacional, consumo e inversión de residentes, sería mucho más fuerte, tres puntos porcentuales, y sólo la fuerte restricción de las importaciones y la depreciación del euro permitirían que sea parcialmente compensada por una contribución positiva de la demanda externa de casi 1,5 puntos porcentuales.
Ello traería consigo la reducción del déficit exterior al 6,7% del PIB, cifra que es aún exagerada para una economía en recesión.
El hundimiento de la demanda y del precio del petróleo explica que el Índice de Precios al Consumo (IPC) pueda situarse por debajo del 2% en media anual, con un perfil decreciente hasta el verano de 2009 en que se agota el efecto de comparación anual con un petróleo en máximos.
Paro al 16,3%
El aumento del desempleo y la necesidad de reducir el endeudamiento familiar, junto con un no desdeñable efecto riqueza negativo producto de las intensas correcciones en el precio de los activos, explican que el consumo privado caiga un 1,9%. Una política fiscal expansiva, aunque sea en la forma de empleo local con fondos de inversión pública, permitirá mantener el ritmo positivo de consumo público en el 4,4%, pero será la inversión la que marcará un cambio radical de tendencia.
La formación bruta de capital en bienes de equipo, la inversión que no tiene que ver con la construcción y significa aumento de capacidad productiva, que creció a ritmos del 7,5% en 2007, caerá prácticamente a ese mismo ritmo en 2009, lo que llevará la inversión a precipitarse el 8,7%, con importantes consecuencias sobre la capacidad y velocidad de recuperación.
La tasa de paro media del año se situaría en el 16,3%, con un perfil de crecimiento que continuaría en 2010 y nos llevaría a superar los cuatro millones de parados. Sólo un cambio drástico en el comportamiento de la inmigración puede evitar este brutal deterioro del mercado de trabajo español.
El empeoramiento de las cuentas públicas es muy considerable, el déficit conjunto de las Administraciones Públicas alcanzaría prácticamente el 5% del PIB en 2009 y el ratio de deuda superaría el 50%, con un alza de más de 10 puntos en un año. Estos dos indicadores son una estimación conservadora del impacto fiscal de la crisis y suponen la inexistencia de más paquetes de estímulo fiscal o monetario.
Dado el activismo mostrado por el Gobierno en los últimos meses y su escaso impacto en la realidad económica y electoral, es un supuesto posiblemente bondadoso. Pero esta previsión fiscal es una sonora advertencia a los llamamientos de más keynesianismo.
No hay espacio para más gasto público sin una previa racionalización de los Presupuestos, incluidos los autonómicos y locales. Lo contrario sería abandonar la ortodoxia fiscal y arriesgar la imagen de un país serio que tanto nos ha costado construir. Salir de la recesión y evitar la depresión no necesita más gasto público discrecional, ni más inversión de mantenimiento de rentas. Urge un programa de reformas estructurales que es de sobra conocido, pero requiere coraje político y consenso social.
